Dos vías para planificar tus impuestos de 2026

Para sociedades, empresarios y profesionales que quieran estudiar estas alternativas antes del cierre del ejercicio. En Martinez Abad Consultores ya estamos en la campaña para canalizar aportaciones a proyectos de investigación e innovación y a determinadas producciones culturales.

La idea es adelantar dinero a un proyecto y recuperarlo principalmente mediante el ahorro fiscal, con la posibilidad de obtener un beneficio adicional. Antes de aportar, hay que comprobar cuánto puedes aprovechar, cuándo lo recuperarás y qué compromisos asumes.

I+D+i e innovación tecnológica mediante AIE

Esta alternativa consiste en participar como socio en una Agrupación de Interés Económico que desarrolla proyectos de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. Cumpliendo los requisitos, permite integrar las bases imponibles negativas y aplicar las deducciones que correspondan en el Impuesto sobre Sociedades o en el IRPF.

Para esta campaña nos dirigimos, como referencia inicial, a sociedades con un beneficio estimado para 2026 superior a 230.000 € y a empresarios o profesionales con un beneficio estimado superior a 70.000 €. Son referencias para estudiar la operación, no mínimos establecidos por la ley.

Las propuestas de la campaña contemplan rentabilidades fiscales estimadas entre el 18 % y el 30 %. El resultado depende del proyecto, de tu tributación, de los costes y de las condiciones de entrada y salida. No se obtiene aplicando directamente los porcentajes de deducción al dinero aportado.

Entrar en una AIE también implica responsabilidades como socio: existe responsabilidad personal y solidaria por sus deudas, subsidiaria respecto de la agrupación. Por eso revisaremos la estructura, los contratos y las garantías concretas.

Financiación de artes escénicas y música en vivo

La segunda vía permite financiar determinados espectáculos de teatro, música, danza y otras artes escénicas. La normativa también contempla determinadas producciones cinematográficas y series audiovisuales españolas.

El financiador aporta fondos mediante un contrato, sin adquirir derechos sobre la producción, y puede aplicar una deducción de hasta el 120 % de la aportación elegible.

Un ejemplo: aportar 10.000 € podría permitir aplicar una deducción de 12.000 €. La diferencia de 2.000 € representa un 20 % sobre lo aportado, antes de costes y efectos fiscales. Para conseguirlo, la producción debe generar deducción suficiente y tu impuesto debe permitir aprovecharla.

No basta con que la declaración salga a ingresar. Revisaremos la cuota disponible, las deducciones pendientes y los límites aplicables. En personas físicas, esta vía se dirige a empresarios y profesionales en estimación directa; tener únicamente una nómina, una pensión o rentas elevadas no permite acceder automáticamente.

Dos alternativas que pueden combinarse

Ambas vías pueden ser compatibles, pero hay que calcularlas conjuntamente: las bases negativas de una AIE pueden reducir la cuota disponible para aplicar otras deducciones.

Si encajas en alguno de estos perfiles, comenta a tu asesor tu previsión de resultados y la cantidad que podrías destinar. Debe preparar una simulación con y sin la operación antes de que firmes o transfieras dinero. Así podrás decidir con cifras, plazos y condiciones concretas. Nuestro despacho tiene convenio para intervenir, por si nos necesitas.

LET´S GO

Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Para socios y administradores de sociedades que quieren preparar el cierre de 2026.

Tu sociedad obtiene beneficios y llega la pregunta habitual: ¿los dejamos en la empresa o repartimos dividendos? Antes de decidir, conviene calcular la reserva de capitalización. Puede reducir el Impuesto sobre Sociedades, pero exige mirar algo más que el saldo del banco.

Este incentivo permite a las entidades que cumplen los requisitos reducir su base imponible por un incremento de sus fondos propios calculado conforme a las reglas fiscales. No exige guardar dinero en una cuenta especial ni comprar un activo concreto.

El porcentaje general es del 20 % del incremento admisible de fondos propios. Este régimen se aplica a los períodos iniciados desde el 1 de enero de 2025 y continúa siendo relevante para el cierre de 2026. No es una rebaja del 20 % del impuesto ni se calcula directamente sobre el beneficio del año.

Aquí aparece una distinción importante: el resultado de 2026 se excluye al calcular los fondos propios del cierre. En cambio, los beneficios de 2025 destinados a reservas en 2026 pueden contribuir al incremento. Además, hay partidas que no computan, como las aportaciones de los socios y las reservas legales o estatutarias. No basta, por tanto, con restar dos cifras del balance.

Si aumenta la plantilla media respecto al ejercicio anterior, el porcentaje puede mejorar:

• Un aumento desde el 2 % e inferior al 5 % permite aplicar el 23 %.
• Desde el 5 % hasta el 10 %, ambos incluidos, el porcentaje es del 26,5 %.
• Por encima del 10 %, llega al 30 %.

Se utiliza la plantilla media, no las personas que aparecen en nómina el último día del año. Y ese incremento debe mantenerse durante tres años. Contratar para conseguir una ventaja fiscal sin necesitar realmente esa contratación suele ser una forma bastante trabajada de gastar más.

Veamos un ejemplo hipotético del informe: con un incremento admisible de fondos propios de 100.000 euros, la reducción general sería de 20.000 euros. Si puede aplicarse íntegramente y la sociedad tributa al 23 %, el ahorro sería de 4.600 euros. El ahorro efectivo depende del tipo y de la liquidación de cada entidad.

También existe un límite: generalmente, el 20 % de la base imponible positiva previa que define la ley, elevado al 25 % cuando la cifra de negocios de los doce meses anteriores al inicio del período sea inferior a un millón de euros. Lo pendiente por insuficiencia de base puede aprovecharse, con los límites legales, en los períodos que finalicen en los dos años siguientes.

El compromiso continúa después de declarar. Debe mantenerse el incremento de fondos propios durante tres años, con la excepción legal por pérdidas contables, y dotarse una reserva separada e indisponible por el importe de la reducción. Incumplir obliga a regularizar e ingresar intereses.

Antes de repartir dividendos, pide que se revisen los movimientos de patrimonio, las reservas, la plantilla media y el ahorro real. Después, deja documentada la dotación y su seguimiento. La decisión interesa ahora; el control acompañará a la sociedad durante los próximos ejercicios.

LET´S GO

Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Para propietarios, inquilinos y quienes alquilan viviendas por temporadas o para estancias cortas.

Si tienes una vivienda alquilada, estás buscando piso o gestionas alojamientos turísticos, las nuevas medidas de vivienda pueden afectar a tus contratos y a tus impuestos. Antes de renovar, subir la renta o recuperar el inmueble, conviene revisar los papeles y calcular las consecuencias.

El BOE del 7 de octubre publica dos reales decretos-ley, pendientes de convalidación. Algunas medidas ya están en vigor; otras tienen fechas posteriores. El calendario también cuenta.

Antes de comunicar que no renuevas

La reforma prevista para el 15 de noviembre establece, cumplida la duración mínima y sin preaviso válido, prórrogas sucesivas de cinco años, o siete si el arrendador es una persona jurídica. Su aplicación a los contratos existentes depende del régimen transitorio.

El preaviso del propietario pasa, como regla general, a seis meses. Además, decidir no prorrogar puede generar una indemnización: el mayor importe entre doce mensualidades y una por cada año de residencia, calculadas conforme al sistema de referencia, con una alternativa cuando este no proporcione un valor.

Existen excepciones y reglas transitorias para contratos y comunicaciones anteriores. No conviene enviar un aviso sin comprobarlas.

La actualización de la renta tiene límites

Hasta el 31 de diciembre de 2027, la regulación extraordinaria impide incrementos cuando la renta supera el límite aplicable del sistema de referencia. En los demás casos, contempla un nuevo acuerdo y, si no lo hay, un máximo del 2 %.

También se prevé una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos. Debe solicitarse y exige, entre otras condiciones, estar al corriente del alquiler y haberlo estado durante los ocho meses anteriores.

Cobrar menos puede compensar, pero hay que calcularlo

Para el propietario cambian las reducciones fiscales del rendimiento del alquiler. Su aplicación depende de las condiciones del contrato, su fecha y el régimen transitorio.

Antes de descartar una rebaja, compara lo que dejarías de cobrar con lo que ahorrarías en IRPF. Una reducción fiscal mayor puede compensar parte de esa pérdida, e incluso mejorar el resultado después de impuestos.

El ahorro depende de los gastos deducibles, tus restantes ingresos y tu tipo marginal. Por regla general, cuanto mayor sea este, mayor será el ahorro por cada euro que deje de tributar. La misma rebaja no produce el mismo resultado para todos.

Y cuidado con los porcentajes: la reducción se aplica al rendimiento neto positivo. Hacienda no te devuelve ese porcentaje del alquiler.

Inquilinos y estancias cortas

Para el inquilino se incorpora una deducción estatal del 10 %, con base imponible inferior a 33.007,20 euros, límites y restricciones por disponer de otra vivienda próxima.

Desde el 1 de diciembre de 2026, los alquileres de viviendas amuebladas de hasta treinta noches al mismo arrendatario pasan a tributar al 10 % de IVA, con la excepción prevista para la vivienda habitual del arrendador. Los servicios hoteleros también determinan la tributación.

El alquiler de temporada exige justificar una necesidad temporal real. Escribir «de temporada» en la cabecera no hace ese trabajo.

Reúne el contrato, las prórrogas, los avisos y los justificantes de ingresos y gastos. Antes de decidir, comprueba qué regla te corresponde y compara el resultado después de impuestos. El titular orienta; la cuenta de tu vivienda necesita tus datos.

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Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Dirigido a autónomos, pymes y particulares que quieren entender cómo obtiene Hacienda su información y qué conviene tener bien documentado.

Presentas tus impuestos y las cifras cuadran. Pero ¿cuadran también con lo que han comunicado tu banco, tus clientes o la plataforma por la que vendes? Esa segunda comprobación importa cada vez más. Hacienda dispone de información procedente de distintas fuentes y utiliza herramientas de análisis para detectar diferencias y seleccionar riesgos.

Una parte llega de las entidades financieras. En 2026, el modelo 170 recoge mensualmente información sobre cobros de empresarios y profesionales mediante tarjetas y pagos asociados a números de teléfono, como Bizum, sin un importe mínimo. Los Bizum entre particulares quedan fuera de esa declaración concreta. Eso no convierte en fiscalmente irrelevante una donación, una venta o un servicio cobrado por ese medio.

Otra información procede de las plataformas digitales y del intercambio entre países. Según las obligaciones aplicables, pueden comunicarse datos sobre vendedores, alquileres y cuentas financieras. Tener el dinero en una entidad extranjera no garantiza que Hacienda desconozca su existencia. El nombre moderno del banco tampoco cambia las obligaciones del titular.

Además, la Administración puede requerir información con trascendencia tributaria a terceros. Una operación deja documentos en varios sitios: en tu contabilidad, en la de tu cliente, en el banco y, quizá, en una plataforma. Si cada uno cuenta una historia distinta, habrá que explicar por qué.

También pueden entrar en juego las denuncias y la información pública. El Plan de Control Tributario de 2026 mantiene la atención sobre el negocio digital, los criptoactivos, las falsas residencias fiscales y los signos de riqueza que no encajan con lo declarado. Las redes sociales sirven para muchas cosas; documentar contradicciones propias es una de las menos recomendables.

Ahora bien, una diferencia no demuestra por sí sola que exista fraude. Un ingreso bancario puede ser un préstamo, una devolución o un traspaso entre cuentas. Una caída de ventas puede tener una explicación perfectamente razonable. Los datos orientan la comprobación, pero deben interpretarse y contrastarse. Ni la tecnología elimina tus derechos ni una sospecha sustituye a la prueba.

La recomendación práctica empieza bastante antes de recibir una notificación. Revisa periódicamente que facturas, cobros, libros y declaraciones sean coherentes. Separa los movimientos personales de los profesionales y conserva contratos, justificantes y explicaciones de las operaciones menos habituales. Si vendes por plataformas, comprueba sus informes: cobros, comisiones y devoluciones pueden explicar diferencias legítimas.

No hace falta vivir pendiente de una inspección. Hace falta poder explicar lo que has hecho. Una planificación legal y unos documentos ordenados ayudan mucho más que reconstruir el año cuando Hacienda ya está preguntando.

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Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Dirigido a autónomos, empresarios y familias de la Comunitat Valenciana que quieran anticipar los cambios fiscales de 2026.

Sobre la reciente Ley 5/2026

Hay reformas fiscales que llegan con un titular atractivo y, al leer la letra pequeña, conviene bajar un poco la euforia. La Ley 5/2026 trae alivios reales en la Comunitat Valenciana, pero también razones para revisar cada operación antes de dar nada por supuesto.

En el IRPF, la escala autonómica baja desde 2026 y volverá a reducirse ligeramente en 2027. No es una revolución, aunque sí puede suponer ahorro, sobre todo en los tramos medios. Pero un tipo menor no garantiza por sí solo una declaración más favorable: influyen rendimientos, mínimos, deducciones y retenciones.

En Patrimonio, el mínimo exento valenciano pasa de 1 a 2 millones de euros. Para muchos contribuyentes supondrá pagar menos o incluso dejar de pagar, pero no hay que confundir cuota con obligación de declarar. Además, en patrimonios elevados conviene revisar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, porque parte del ahorro autonómico puede trasladarse al impuesto estatal.

Donde más prudencia exige la reforma es en Sucesiones y Donaciones. Se amplían determinados supuestos de empresa familiar y se simplifica la formalización de algunas donaciones de hasta 4.000 euros, pero solo bajo condiciones concretas. Hacienda no suele discutir el cariño familiar, pero sí revisa los papeles: origen del dinero, medio de entrega, parentesco, fechas y mantenimiento de los requisitos.

En vivienda y AJD los cambios son más técnicos que llamativos. No hay una rebaja general de tipos; se ajustan conceptos y requisitos. Es el típico caso en el que pagar poco no significa que sea simple.

La experiencia enseña que incluso una reforma favorable puede salir cara si se aplica deprisa. Antes de donar, transmitir una empresa, comprar una vivienda o cerrar el ejercicio, revisa la fecha de devengo y conserva la documentación. La clave no es correr, sino decidir bien.

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Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Dirigido a autónomos, profesionales y pequeñas empresas que están pensando en comprar un vehículo para su actividad.

Vas al concesionario, explicas que necesitas un vehículo para trabajar y te enseñan una furgoneta, un todoterreno, una pick-up o un modelo que el vendedor llama “comercial”. En ese momento es fácil fijarse en el precio, el consumo o la capacidad de carga y dejar para después la parte fiscal. Conviene frenar un poco: antes de hablar de deducciones debes saber qué vehículo estás comprando de verdad.

El nombre comercial no decide su tratamiento fiscal. Un SUV no es una categoría tributaria, una “furgoneta comercial” puede esconder clasificaciones distintas y una pick-up no debe darse por resuelta solo por su apariencia. El primer documento que tienes que mirar es la tarjeta ITV o ficha técnica completa del vehículo.

Dentro de esa ficha busca el apartado «Clasificación del vehículo». Allí aparece un código de cuatro cifras. Las dos primeras indican la construcción del vehículo y las dos últimas su utilización. Esta clasificación procede del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, y es el punto de partida más fiable para saber si estás ante un turismo, un vehículo mixto, un furgón, un camión o una pick-up.

Como orientación, un código que empieza por 10 identifica un turismo; 17, una pick-up; 20 a 22, un camión; 24 a 26, un furgón o furgoneta; 30, un derivado de turismo; y 31, un vehículo mixto adaptable. Además, si las dos últimas cifras son 33, la utilización es «todo terreno», dato que también importa porque la normativa fiscal trata estos vehículos con especial cautela.

No te conformes con una captura parcial ni con la descripción del catálogo. Pide la tarjeta ITV completa. Si el vehículo todavía no está matriculado, solicita al vendedor la documentación técnica, el certificado de conformidad y una confirmación escrita de la clasificación prevista. Que pagar poco no significa que sea simple, y una diferencia de dos cifras en la ficha puede cambiar por completo el análisis.

También conviene evitar otro error habitual: las letras M1 o N1 de la homologación europea son importantes, pero no resuelven por sí solas la cuestión fiscal. Deben leerse junto con el código de cuatro cifras, las plazas, la carrocería, la masa máxima autorizada, las posibles reformas y, sobre todo, el uso real que vas a darle.

La clasificación técnica orienta, pero no concede automáticamente una deducción. Que la ficha diga «camión» o «furgón» es un indicio favorable para quedar fuera de la regla especial de los turismos, pero todavía tendrás que acreditar que el vehículo se utiliza en la actividad y en qué medida. La ficha explica qué es el vehículo; la prueba explica para qué lo usas.

A partir de ahí empieza la exposición fiscal, y aquí aparece una de las contradicciones más poco intuitivas de nuestro sistema: el mismo vehículo puede recibir una respuesta distinta en IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

En IVA, los automóviles de turismo, vehículos mixtos y todoterreno quedan dentro de la regla especial del artículo 95 de la Ley del IVA. Primero debes demostrar que existe alguna utilización profesional, aunque sea parcial. Una vez probada esa afectación, se presume con carácter general un uso empresarial del 50 %. No tienes que demostrar exactamente ese porcentaje para aplicar la presunción, pero sí debes acreditar que el vehículo se usa realmente en la actividad.

Si pretendes deducir más del 50 %, tendrás que probar un grado superior de utilización profesional. Y si la Administración quiere reducirlo, deberá aportar prueba en sentido contrario. La factura, la contabilización y la inclusión del vehículo en los libros ayudan, pero por sí solas no demuestran los desplazamientos, la custodia ni la ausencia de uso particular.

Cuando el vehículo no entra en la categoría especial de turismo, mixto o todoterreno, la regla cambia. En un camión, un furgón u otro vehículo sujeto a la regla general, el IVA será deducible en la medida en que se utilice en la actividad. Puede llegar al 100 %, pero no porque la ficha diga «camión» sin más, sino porque exista una utilización empresarial real y defendible.

En IRPF la exigencia es mayor. Para un autónomo o profesional, un turismo ordinario no admite normalmente ese cómodo término medio del 50 % de gasto. El vehículo suele estar afecto al 100 % o no estarlo: si existe disponibilidad o utilización privada, lo habitual es que no puedas deducir amortización, renting, combustible, seguro, reparaciones y demás gastos, salvo en las excepciones previstas para determinadas actividades.

Por eso no debes trasladar al IRPF la presunción del 50 % del IVA. Son impuestos distintos y responden a reglas distintas. La mera necesidad de visitar clientes o desplazarte no demuestra afectación exclusiva. Hacienda no suele discutir que trabajas, pero sí puede discutir que ese coche solo se utiliza para trabajar.

En una sociedad tampoco existe un porcentaje legal fijo del 50 % para los turismos. Los gastos y la amortización pueden ser fiscalmente deducibles cuando estén contabilizados, justificados y relacionados con la actividad. El IVA que no resulte deducible se incorpora, con carácter general, al coste del activo o del servicio, de modo que deducir solo la mitad del IVA no obliga a limitar en la misma proporción el gasto en el Impuesto sobre Sociedades.

Ahora bien, si un empleado, socio o administrador tiene el vehículo disponible para fines particulares, esa ventaja debe tratarse correctamente. Puede existir retribución en especie, operación vinculada o incluso una liberalidad, según quién lo utilice y cómo esté documentado. En estos casos, el problema no suele ser únicamente cuánto gasto deduces, sino si has reconocido bien el uso privado.

La prueba práctica es la que sostiene todo el análisis. Guarda agendas de visitas, partes de trabajo, kilómetros iniciales y finales, peajes, aparcamientos, rutas, fotografías del equipamiento, órdenes de trabajo y datos sobre dónde pernocta el vehículo y quién custodia las llaves. Una sola prueba aislada rara vez basta; lo convincente es un conjunto coherente mantenido durante todo el año.

Antes de entregar una señal, revisa la ficha ITV completa, identifica el código de clasificación y valora quién comprará el vehículo, quién lo conducirá, qué transportará, dónde dormirá y si estará disponible para uso privado. La clave no es correr, sino decidir bien: primero saber qué vehículo es, después aplicar por separado IVA, IRPF o Sociedades y, por último, preparar la prueba antes de que alguien la pida.

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Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Dirigido a pequeños negocios de hostelería, comercio y servicios, y también a cualquier cliente que paga un café, una comida o una compra diaria.

Pides un café, quedas en un bar o compras en una tienda del barrio. Te dan un papel pequeño, lo doblas y sigues. Muchas veces aún se llama “ticket” o “vale”. El problema es que, fiscalmente, esa palabra pertenece más a la costumbre que al Derecho.

Desde el Reglamento de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, en España hablamos de factura completa o factura simplificada. La simplificada sustituyó a los antiguos tiques. Por eso no basta con entregar un papel que diga “ticket”, “vale” o “recibo” si no contiene los datos mínimos: número correlativo, fecha, NIF y nombre o razón social del negocio, identificación de lo vendido o servido, tipo de IVA —o “IVA incluido”— e importe total.

En bares, restaurantes, cafeterías y comercios minoristas suele poder emitirse factura simplificada cuando el importe no supera 3.000 euros, IVA incluido. En otros casos pequeños, el límite general es de 400 euros. Fuera de esos supuestos, o cuando el cliente necesita justificar bien un gasto profesional, habrá que emitir factura completa. Y si quiere deducir el IVA con una simplificada, deberán constar también su NIF, domicilio y cuota de IVA separada.

Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Para el dueño del negocio, una caja llena de documentos mal emitidos puede dar problemas en una comprobación. Para el cliente, ese papel puede no servir para justificar una dieta, una atención comercial o una compra de empresa. Hacienda no suele discutir el café, pero sí revisa si el papel demuestra bien la operación.

Es comprensible que el pequeño negocio tenga bastante con atender la barra, proveedores y márgenes ajustados. La burocracia, a veces, parece diseñada lejos del mostrador. Pero conviene no dejar estos asuntos al azar: un programa de caja mal configurado, una numeración desordenada o un “vale” sin datos fiscales puede salir caro por algo fácil de corregir.

La idea es sencilla: cada venta debe quedar documentada como factura simplificada o factura completa. Que el papel sea pequeño no significa que sea informal, y que pagar poco no significa que sea simple.

La próxima vez que pagues un café o cierres una venta, mira ese documento con otros ojos. En fiscalidad, los detalles cotidianos son los que más se repiten, y por eso conviene hacerlos bien. La clave no es complicarse, sino documentar correctamente desde el primer día.

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Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Dirigido a autónomos, pymes y profesionales que hayan recibido una inspección o una regularización basada en ingresos presuntos.

A veces una inspección empieza con una frase sencilla: “estos números no cuadran”. Puede ser un margen bajo, una diferencia entre bancos y libros o una contabilidad que, sin ser perfecta, refleja la realidad del negocio. El problema llega cuando de esa sospecha se pasa a una liquidación de IRPF o IVA, y además con sanción.

Ahí aparece la estimación indirecta. Dicho claro, es el método que permite a Hacienda calcular la base imponible, la cifra sobre la que se pagan impuestos, cuando entiende que no puede conocerla por los medios normales. La Ley General Tributaria la contempla, pero no como un atajo cómodo, sino como una vía excepcional.

No toda discrepancia contable autoriza a presumir ingresos ocultos. No basta con decir que los datos son raros, que el margen parece bajo o que habría podido facturarse más. La Administración debe justificar una anomalía sustancial y explicar por qué no puede calcular la deuda por los métodos ordinarios. Sospechar no es probar.

Recientemente, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana ha estimado una reclamación defendida por nuestro equipo asesor. Sin identificar al contribuyente ni entrar en datos reservados, la enseñanza es clara: cuando falla el presupuesto que permite usar ese método, pueden caer también las liquidaciones y las sanciones.

El valor de la defensa estuvo en no pelear solo una cifra, sino en revisar la base del procedimiento: por qué se había usado ese método, qué pruebas reales existían y qué parte era una simple presunción. Conviene bajar un poco el miedo inicial. No conviene confundir pagar menos con tener razón, ni aceptar una regularización excesiva solo por evitar el conflicto.

La Administración tiene facultades amplias para perseguir el fraude. Pero la experiencia enseña que la burocracia, cuando se apoya demasiado en presunciones, puede olvidar que detrás hay negocios reales y contabilidades imperfectas, aunque defendibles si se explican bien.

Una reclamación bien trabajada necesita orden, prueba y criterio técnico. La estrategia importa tanto como los libros contables, porque a veces el punto decisivo no está en el último número, sino en demostrar que Hacienda no podía saltar directamente a un método excepcional.

Ante una inspección, la clave no es correr, sino decidir bien. Revisar los papeles, ordenar la prueba y cuestionar técnicamente lo que no esté justificado puede cambiar el resultado. Hacienda puede presumir, pero cuando liquida y sanciona, debe probar.

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Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Dirigido a familias con hijos menores a cargo.

Si tienes hijos, sabes que cada inicio de curso, cada cambio de temporada y cada visita inesperada al dentista parecen venir acompañados de una pequeña factura adicional. Por eso llama la atención que una ayuda pública que puede suponer varios cientos de euros al año para muchas familias siga siendo bastante desconocida fuera de determinados círculos.

Hablamos del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación vinculada al Ingreso Mínimo Vital y que, en determinados casos, también puede solicitarse de forma independiente. Para 2026, las cuantías anunciadas son de 115 euros mensuales para menores de 3 años, 80,50 euros entre 3 y 6 años y 57,50 euros entre 6 y 18 años.

Los requisitos básicos giran alrededor de tres cuestiones: tener menores a cargo, no superar determinados límites de ingresos y patrimonio y residir legalmente en España. Como referencia, un matrimonio con dos hijos podría acceder a la ayuda con un patrimonio máximo de 87.152 euros y unos ingresos mensuales de hasta 4.181,52 euros.

Lo curioso es que muchas familias que podrían tener derecho a esta prestación ni siquiera saben que existe. La Administración suele insistir —con razón— en anunciar nuevas ayudas, pero a veces parece menos interesada en explicar de forma clara y constante cómo acceder a las que ya están en vigor. Y cuando la información no llega, la ayuda existe sobre el papel, pero no siempre en la práctica.

La solicitud puede realizarse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y el derecho nace desde el mes siguiente a la presentación. Parece sencillo, aunque conviene bajar un poco la euforia: una cosa es cumplir los requisitos y otra muy distinta acreditar correctamente cada dato. La burocracia tiene la extraña habilidad de complicar lo que parecía evidente.

Por eso merece la pena revisar la situación familiar con calma antes de descartar cualquier ayuda. No se trata de perseguir subvenciones a toda costa, sino de conocer los derechos que ya existen. En tiempos en los que criar hijos resulta cada vez más costoso, ignorar una prestación por simple desconocimiento puede salir caro.

La clave no es correr, sino informarse bien, presentar la documentación correcta y revisar las consecuencias antes de actuar. Muchas veces, la diferencia entre cobrar una ayuda o perderla no está en la norma, sino en conocerla a tiempo.

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Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES